La Comisionada del INFO CDMX, María del Carmen Nava, subrayó la necesidad de conservar la autonomía de los órganos garantes como parte del equilibrio democrático y la soberanía en cada entidad.
Al participar en un Foro organizado por la UABC Campus Tijuana y el ITAIPBC de Baja California, Nava Polina presentó el Mapa con el Semáforo de Órganos Granates Autónomos que da seguimiento a los procesos legislativos locales de reformas constitucionales y legales en materia de acceso a la información y privacidad.
La Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), María del Carmen Nava Polina, hizo un llamado a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país ante la reconfiguración institucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Advirtió que las recientes reformas impulsadas a nivel federal y local suponen un momento crítico para la garantía de estos derechos humanos, y subrayó la importancia de conservar la autonomía de los órganos garantes como parte del equilibrio democrático, la soberanía de las entidades federativas y el pacto federal.
Destacó que el país se encuentra ante un proceso de “atomización de la transparencia”, donde se debilita la garantía efectiva de estos derechos al multiplicar el número de autoridades garantes, y se rompe el esquema de autonomía institucional que sustentaba el sistema democrático.
Durante el Foro de Transparencia y la Reforma Constitucional, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Facultad de Derecho en Tijuana, Nava Polina sostuvo que el retroceso en libertades y espacio cívico observado tras la pandemia se ha profundizado con esta reforma, afectando directamente a la sociedad, que ahora tendrá más dificultades para acceder a la información pública o proteger sus datos personales.
“Antes tocábamos 33 puertas, una por cada órgano garante; ahora, no sabemos cuántas ni dónde están. Hay estados sin instituciones operativas, y estamos viendo el regreso a modelos centralistas, controlados desde el poder ejecutivo local”, expresó. Aseguró que la desaparición del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, formalizada el 20 de marzo de 2025, marcó el inicio de un nuevo modelo fragmentado, carente de lineamientos comunes y con graves implicaciones para el acceso a derechos fundamentales.
La Comisionada Nava presentó un mapa de monitoreo legislativo, resultado de una revisión exhaustiva de gacetas parlamentarias, medios oficiales y redes sociales. Identificó que sólo cuatro entidades federativas (Campeche, Chihuahua, Sinaloa y Ciudad de México) no han presentado reformas para desaparecer sus órganos autónomos. Detalló además que 10 estados ya extinguieron sus institutos, y otros más están en proceso de dictaminación o armonización con el nuevo marco normativo.
Recordó que este trabajo de análisis da continuidad a ejercicios similares realizados durante la pandemia, como el “Semáforo de Cuarentena en Transparencia”, y enfatizó que hoy se vive una nueva emergencia institucional: “Una democracia sin transparencia ni participación social está incompleta. Necesitamos ampliar las comunidades de especialización y sumar a nuevas generaciones al ejercicio y defensa de los derechos humanos”, subrayó.
Finalmente, Nava Polina llamó a preservar el pacto federal y el talante democrático, reconociendo la autonomía constitucional de los estados frente a imposiciones centralistas. “No se trata de repartir culpas entre poderes, sino de hacernos responsables como sociedad del modelo democrático que queremos construir”, concluyó.
La Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, reflexionó sobre la relevancia del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales como herramientas para limitar el poder público y fortalecer el pacto social. Subrayó que estos derechos permiten detectar errores, mejorar políticas públicas y garantizar una ciudadanía informada y vigilante.
Recordó que la Universidad Autónoma de Baja California fue la primera institución educativa en el país en cumplir con todas sus obligaciones de transparencia, incluyendo la publicación de currículums docentes, programas, gastos e impacto financiero.
Por su parte, la Comisionada del ITAI BCS, Cynthia Vanessa Macías Ramos, compartió una perspectiva histórica del desarrollo de la transparencia en el estado, desde la promulgación de su primera ley en 2005, hasta la reforma constitucional local aprobada en junio de 2025, que mantendrá al instituto en funciones hasta diciembre de este año. Reiteró que la transparencia no es un regalo del gobierno, sino un derecho que debe ser ejercido y defendido.
Desde Baja California, el Comisionado Presidente del ITAIPBC, Luis Carlos Castro Vizcarra, advirtió que, aunque los derechos humanos no desaparecen, la eliminación de los organismos que los tutelan genera incertidumbre sobre su garantía efectiva. Cuestionó la narrativa de “simplificación administrativa” que justificó la reforma, y defendió el federalismo y la soberanía de los estados para legislar conforme a sus propias realidades.