La Comisionada del INFO CDMX impartió la conferencia Simplificación orgánica y transparencia: lo que las universidades deben saber de la reforma 2025, organizada por el Colegio de Profesionales en Ciencia Política y Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
Destacó que la reforma constitucional de 2024, y la nueva Ley General de Transparencia, han generado desafíos clave en materia de autonomía de los órganos garantes.
La transparencia y el acceso a la información enfrentan un momento histórico en México. En este contexto, el Colegio de Profesionales en Ciencia Política y Administración Pública del Estado de Tlaxcala, A.C., organizó una conferencia que fue impartida por la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, con el objetivo de para analizar los impactos de la reforma constitucional de simplificación orgánica publicada en diciembre de 2024 y la nueva Ley General de Transparencia, así como la reconfiguración de los órganos garantes.
La Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, María del Carmen Nava Polina, impartió la conferencia “Simplificación Orgánica y Transparencia: lo que las universidades deben saber de la reforma 2025”, donde abordó los retos y oportunidades que enfrentan universidades, autoridades y sociedad civil en este proceso de transformación institucional.
Durante su intervención, Nava Polina destacó que la reforma representa un cambio histórico en el acceso a la información: tras 50 años de evolución del derecho a saber, México enfrenta la extinción de organismos garantes locales y la atomización de responsabilidades, “lo que pone en riesgo la memoria institucional y la gestión de archivos públicos esenciales para la protección de derechos humanos, la rendición de cuentas y la participación de las personas”.
Explicó el funcionamiento del “semáforo de extinción de las autonomías”, una herramienta de monitoreo que permite visualizar el avance y cambios legislativos en las entidades federativas en la implementación de las reformas locales en materia de transparencia.
“El semáforo revela que varias legislaturas locales no han logrado armonizar sus marcos normativos a tiempo, reflejando retrasos que impactan directamente en la garantía del derecho a la información. Mientras algunas entidades muestran avances en la armonización, otras como la Ciudad de México no han iniciado este proceso”, puntualizó.
La Comisionada Ciudadana enfatizó que la atomización de la transparencia implica que cada universidad, órgano autónomo y autoridad local tendrá la responsabilidad de gestionar información pública y proteger datos personales. Antes, 33 organismos garantes autónomos supervisaban esta función; ahora se proyecta una multiplicidad de órganos que podrán mostrar poca coordinación, dificultades para las personas y ya no se mantendrán estándares homogéneos, asimismo, vigilar para evitar inconsistencias, pérdida de información o dilución de responsabilidades.
Asimismo, Nava Polina recordó que ya se han presentado tres controversias constitucionales derivadas de la reforma a la Ley General de Transparencia, promovidas por la Alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y el municipio de Chihuahua, Chihuahua. “Estas controversias reflejan la tensión entre la autonomía local y los lineamientos federales, ya que constituyen vulneraciones a la esfera de autonomía de los municipios”. Hizo un llamado a que los legislativos locales ejerzan su libertad de configuración sin comprometer el derecho de las personas a acceder a la información.
Ejemplificó que, en la Ciudad de México, se han presentado casos concretos que ilustran la relevancia del acceso a la información: una persona, gracias a información pública, logró utilizarla para resolver un litigio sobre la patria potestad y así recuperó a sus hijos; supervisión de obras públicas después del sismo de 19S, donde la información transparente permitió detectar irregularidades en construcciones y exigir responsabilidades a las autoridades; y control de la calidad del agua, donde la disponibilidad de datos permitió alertar sobre la contaminación en la Alcaldía Benito Juárez, información que en su momento se reservó como clasificada y se abrió y entregó gracias a la autonomía con que cuenta el garante capitalino.
En el ámbito académico, Nava Polina destacó que 41 universidades con autonomía en México se convertirán en nuevas autoridades garantes para garantizar transparencia y protección de datos.
La preservación de archivos públicos y la memoria institucional es clave, especialmente ante la extinción de organismos históricos. La metodología del colectivo de organizaciones sociales “Amnesia” permite resguardar archivos electrónicos con huellas digitales únicas, asegurando que la información acumulada durante más de dos décadas no se pierda ni se vea alterada. Esta iniciativa ha sido adoptada por varias entidades federativas y presentada en foros internacionales, incluyendo la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto que recién se realizó en España.
Nava Polina también abordó el contexto internacional, señalando que los retrocesos en autonomía y acceso a la información reflejan tendencias globales de concentración del poder y debilitamiento de la democracia, que también se observan en nuestro país.
México forma parte de redes internacionales como la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) que agrupa a países de Iberoamérica, y la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) a nivel mundial, lo que permite compartir experiencias y buenas prácticas en protección de datos, transparencia y acceso a la información a nivel mundial.
Asimismo, destacó la importancia del trabajo en red y la colaboración académica, incluyendo la participación en iniciativas de datos abiertos y cocreación con sociedad civil, que buscan fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.
Nava Polina subrayó que los archivos públicos son bienes públicos de la sociedad y que su preservación permite garantizar la verdad y la justicia, evitar corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones.
Finalmente, la Comisionada concluyó señalando que, pese a los desafíos, estas reformas representan una oportunidad para consolidar la transparencia, fortalecer la democracia y garantizar derechos humanos. Instó a la academia, las autoridades y la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para garantizar que el federalismo funcione en favor del derecho a saber, la protección de datos y la preservación de la memoria institucional.
Destacó que la responsabilidad de mantener estos estándares recae tanto en los órganos públicos como en la sociedad, y que la colaboración y las buenas prácticas serán determinantes para enfrentar los retos de la reforma 2025.